En su nueva estrategia de seguridad nacional y política exterior, Washington ha plasmado en blanco y negro su postura de cara a América Latina.
Si bien muchas de las medidas que el presidente Donald Trump tomó en los primeros diez meses de su Gobierno anticipaban el tono del documento, la mención explícita de las pretensiones hegemónicas de Estados Unidos en América agita el tablero latinoamericano.
Aparte de revivir la Doctrina Monroe, de 1823, con la que Washington justificó su aspiración a convertirse en la principal potencia del hemisferio occidental, el Gobierno de Donald Trump expresa su rechazo a cualquier tipo de injerencia por parte de «competidores no hemisféricos», refiriéndose especialmente a China, Rusia e Irán.
El regreso al «patio trasero»
«La estrategia de seguridad de Trump se proyecta sobre un ciclo de más de dos décadas en el que la atención de Washington hacia América Latina fue intermitente. El 11 de septiembre de 2001 marcó el quiebre: la agenda estadounidense se concentró casi por completo en Medio Oriente y la región quedó relegada», dice Guillermo García, consejero coordinador del Grupo de Comunicación y Política Exterior del Consejo Argentino para las Relaciones Internacionales (CARI).
«Guste o no, Trump es el primer presidente estadounidense que retoma una mirada estratégica hacia el sur del Río Bravo con un enfoque explícito y sostenido», apunta García, en declaraciones a DW.
Militarización e intervención
También Michael Shifter, experto en política latinoamericana y profesor adjunto en la escuela de estudios internacionales de la Universidad de Georgetown, reconoce que «América Latina está más en el radar de Trump que nunca».
Sin embargo, hace hincapié en que la estrategia de seguridad del presidente norteamericano -que algunos medios han llegado a bautizar como «Doctrina Donroe»- «consiste en gran medida en una mezcla impredecible de instinto, resentimiento y ego».
«No está definida por intereses nacionales o estratégicos, a diferencia de administraciones anteriores, incluyendo el primer Gobierno de Trump», sostiene Shifter, expresidente del centro de pensamiento estadounidense Diálogo Interamericano.
En entrevista , el académico resume las consecuencias más palpables de la estrategia de seguridad para la región: una creciente «militarización y la intervención en procesos nacionales electorales o judiciales, como ha sido evidente en los casos de Brasil, Argentina y Honduras».
Amenazas transfronterizas
Otros temas centrales del documento, publicado el 5 de diciembre de 2025, son la migración, el crimen organizado y la influencia de poderes extra hemisféricos.
«La era de la migración masiva debe terminar. La seguridad fronteriza es el elemento principal de la seguridad nacional. Debemos proteger a nuestro país de la invasión, no solo de la migración descontrolada, sino también de amenazas transfronterizas como el terrorismo, las drogas, el espionaje y la trata de personas», reza el texto de la estrategia de seguridad.
«Sistema de castigos y premios»
Para Michael Shifter, es importante señalar que, «por primera vez en muchos años, el concepto de la democracia no aparece en la agenda de Washington para América Latina, lo que significa, en la práctica, ‘luz verde’ para líderes más autoritarios».
«Trump busca expandir el número de socios en la región», prosigue, «pero no a través de valores e intereses comunes, sino por medio de presión y un sistema de castigos y premios».
A juicio de Maureen Meyer, vicepresidenta para programas de la Oficina de Washington para América Latina (WOLA, por sus siglas en inglés), la «Doctrina Donroe» demuestra que «al Gobierno de Trump no le interesa promover la democracia ni los derechos humanos o trabajar con otros países para enfrentar temas globales, como la pobreza o el cambio climático».
En entrevista la experta en derechos humanos asegura que «solo actuará basado en lo que afecte y beneficie a los intereses estadounidenses».
Asimismo, Meyer teme que Washington retire su apoyo a muchas organizaciones de derechos humanos, periodistas independientes y otros actores que trabajan para fortalecer el Estado de derecho en América Latina.
Una respuesta diversa
Debido a la fuerte fragmentación de la región, la respuesta de sus países promete ser diversa y «dependerá de una serie de factores, como la naturaleza de los líderes, su orientación política, los intereses y capacidades de distintos países, su dependencia de EE. UU. y los vínculos económicos y políticos con otros socios globales», observa Michael Shifter.
Así, por ejemplo, el exportavoz de la Cancillería argentina Guillermo García cree que algunos gobiernos de la región observan con atención la diplomacia entre Trump y el presidente argentino, Javier Milei, para ver «si ese acercamiento se traduce en crecimiento, inversión y mayor previsibilidad; de esos resultados dependerá en buena medida la reconfiguración de los alineamientos en el hemisferio».
Brasil, por su parte, «continuará impulsando los BRICS -que hoy incluyen, además de China y Rusia, a Irán- como instrumento para ampliar su margen de maniobra», prosigue el experto del CARI.
Países como México, en cambio, no parecieran tener muchas opciones que asumir una postura pragmática con Trump, debido a sus profundos lazos con EE. UU.
Puesto que la nueva estrategia de seguridad de Washington define como gobiernos aliados a aquellos que cooperan para «controlar la migración, detener el tráfico de drogas y fortalecer la estabilidad y la seguridad en tierra y mar», entran en esa categoría Argentina, El Salvador, la República Dominicana, Paraguay, Perú, Ecuador e incluso Guatemala, señala Maureen Meyer, de WOLA.
Los Gobiernos autoritarios de Cuba, Nicaragua y Venezuela son considerados enemigos. Según la entrevistada, dependiendo de los resultados finales de las elecciones en Honduras, también el nuevo Gobierno de ese país podría ser considerado enemigo, en caso de que no sea declarado vencedor Nasry Asfura, el candidato preferido de Donald Trump.
(ms)radio world,dw