Martín Pallares, abierto crítico del gobierno trabajó durante 13 años como periodista, editor, bloguero y columnista del diario El Comercio, el más importante de la capital ecuatoriana. Fue despedido en agosto.
Defensores de la libertad de prensa alertaron que la venta de El Comercio suavizaría la cobertura crítica sobre el gobierno.
El Comité para la Protección de los Periodistas (CPJ) expresó preocupación por el despido en Ecuador de un conocido periodista, edtor, bloguero y columnista de El Comercio, uno de los diarios más importantes del país y el más importante de Quito, la capital.
El CPJ dice que el despido de Martín Pallares a raíz de una confrontación en Twitter con el presidente Rafael Correa, ha aumentado la preocupación de los defensores de la libertad de prensa de que en Ecuador podría estar ocurriendo una situación similar a la de Venezuela, donde «la campaña de acoso y hostigamiento del gobierno» termina con la venta de medios a nuevos propietarios que adoptan una línea editorial favorable al régimen.
Según el CPJ, «a medida que el presidente Rafael Correa, quien fue elegido en 2006, se volvió más intolerante y lanzó una embestida contra la prensa privada, Pallares aumentó sus críticas al gobierno en sus columnas y su cuenta de Twitter», a menudo usando un lenguaje provocativo que le valíó insultos por parte del mandatario quien lo llamó «enfermo», «malcriado», «inmoral» y «sicario de tinta», entre otros agravios.
Los directores del diario, que se vendió en diciembre por $45 millones de dólares al multimillonario mexicano Remigio Ángel González, quien es dueño o controla más de 100 emisoras de radio y estaciones de televisión en América Latina, dicen que mucho antes de la venta llamaron la atención a Pallares para que baje el tono de su lenguaje.
El periodista afirma que sus opiniones en Twitter son similares a las que expresaba en el diario y se ha rehusado a mantener silencio sobre las acciones del gobierno de Correa. «Hacer algo así sería como abrir la puerta a una tiranía del silencio» afirmó.
El 15 de agosto, cuando el volcán Cotopaxi, cercano a Quito, mostró señales de erupción, el presidente Correa declaró estado de excepción, no solo en los alrededores del volcán sino en todo el país, lo que según las leyes ecuatorianas actuales autoriza al gobierno a la censura y a abrir los correos privados.
Pallares criticó la decisión en una serie de mensajes en Twitter sugiriendo que el verdadero motivo del presidente era reprimir el disenso. Al mismo tiempo, por coincidencia, ocurrían en el país fuertes protestas contra el gobierno.
«¿Cómo puede ayudar la cancelación de la inviolabilidad de la correspondencia con la emergencia por el proceso eruptivo del volcán?», preguntò. Dos días después, era despedido.
César Ricaurte, director ejecutivo de Fundamedios, una organización que defiende la libertad de prensa, dice que la controversia es una «pantalla de humo». «Esta claro que Martín fue despedido por sus opiniones», señala.
La salida de Pallares le permite al diario deshacerse de una persona incómoda para el gobierno, afirma Ricaurte, y dice que hay otros signos de que El Comercio está suavizando su tono, dedicando sus investigaciones a temas como crimen y narcotráfico en lugar de la corrupción en el gobierno.
Por su parte Carlos Mantilla Batlle, editor de El Comercio, niega que se esté cambiando de línea y señala que desde que el diario fue comprado, nadie le ha pedido que modifique la cobertura por motivos políticos. «Si cambiamos perderíamos a nuestros lectores», indicó.
Mantilla, de 50 años, es parte de la familia que fundó El Comercio en 1906, ha desempeñado diferentes cargos en el diario y se convirtió en editor el año pasado. Fue consultor del nuevo propietario antes de la compra del diario y luego de ésta continuó como editor.
Èl asegura que la transacción fue resultado de la larga confrontación con el gobierno de Correa con los medios de prensa y la ley de Comunicación de 2013, que somete a los medios a estrictas regulaciones de un ente estatal exigiéndoles información precisa y equilibrada so pena de sanciones civiles y penales.
El Comercio ha sido multado y sancionado varias veces al igual que otros medios independendientes y el impacto general ha sido una censura generalizada dice el CPJ, que ha investigado el tema.
Las presiones y los embargos publicitarios del gobierno han determinado el cierre de varios medios como la revista de investigación Vanguardia y el diario Hoy, destaca la organización.
Según Mantilla su familia vendió el diario a González porque los ecuatorianos, bajo una ley de 2011, para invertir en empresas de medios tienen que deshacerse de las acciones o participaciones que tengan en compañías y sociedades cuya actividad sea distinta.
La ley no se aplica a extranjeros por lo que González pudo adquirir El Comercio y otros medios. Al momento es propietario de tres estaciones de televisión 11 emisoras de radio, El Comercio y el diario Últimas Noticias, lo que lo convierte en el segundo mayor propietario de medios del Ecuador, después del estado.
El CPJ afirma que los medios de González casi siempre siguen la linea de las políticas del gobierno y en consecuencia son compensadas con publicidad oficial.
El diario El Universo de Guayaquil dice que la televisora RTS TV, la tercera más vista del país, y las radios de González raramente critican al presidente Correa.
Albavisión, la empresa con sede en Miami que aglutina a los medios del millonario González, no respondió a los pedidos del CPJ para hacer comentarios, indica un comunicado del Comité.
fuente:voanoticias