El presidente ecuatoriano, Rafael Correa, propuso crear una corte internacional para sancionar los atentados contra la naturaleza. ¿Es viable la iniciativa? DW habló con dos expertos que deliberan sobre este tema.
“Tomemos el reciente y dramático ejemplo brasileño: si tu Estado no te protege ante los derrames de una transnacional –porque no existe la figura, o porque los tribunales no son independientes- las comunidades afectadas podrían recurrir directamente a esa Corte Internacional de Justicia Ambiental demandando a la empresa y subsidiariamente al Estado”, así lo explica a DW Juan Hernández, profesor de Derecho de Empresa en la Universidad del País Vasco.
Esa Corte, así la propuesta de Rafael Correa representando a la CELAC en la COP21 de París, debería sancionar los atentados contra los derechos de la naturaleza y establecer las obligaciones en cuanto a deuda ecológica y consumo de bienes ambientales. ¿Es sólo una idea descabellada?
«Sería rupturista”, responde Hernández, . “y es difícil porque se tendría que fusionar mucho de lo que hay. Y habría que hacer una escala entre el poder judicial de los Estados y las instancias regionales como la Corte Interamericana de Derechos Humanos”, sigue Hernández.
Catástrofes ecológicas como la de Rio Doce, en Brasil, podrían ser sancionadas en una corte ex profeso.
Cortes y tratados existentes
“El elemento sustancial es la necesidad de una instancia que permita directamente a la gente demandar por crímenes internacionales de peso. Por lo pronto existen dos. La Corte Penal Internacional a la cual las víctimas no tienen acceso directo; todo pasa a través de un fiscal; depende del Consejo de Naciones Unidas y con ello de una relación de fuerzas políticas internacionales. Por otro lado, está Tribunal Internacional de La Haya que dirime en conflictos entre Estados. En el medio hay un vacío jurídico que es tierra de nadie”. Alterar los estatutos de estas instancias, se ve sumamente difícil, agrega el experto.
Por otro lado, para poder proteger determinados bienes, estos tienen que estar reconocidos en algún texto internacional. Es decir, a la creación de un tribunal debería anteceder el reconocimiento internacional de los derechos de la naturaleza. Como tal hasta el momento éstos sólo constan en las constituciones de Ecuador y Bolivia.
“Dentro de la Carta Internacional de Derechos Humanos, de 1948, se podría interpretar –dentro del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales- que en los tiempos que corren el tener una naturaleza protegida forma parte del núcleo de la dignidad humana”, sigue Hernández. Junto con la protección de la naturaleza también faltan los derechos sexuales y reproductivos de la mujeres, el derecho a la paz, el derecho de solidaridad. “En principio, deberían tener la aceptación de la comunidad internacional”, dice Hernández.
Para sancionar se necesita el crimen
La propuesta del presidente Correa habla también de sancionar los atentados contra la naturaleza. ¿Cuál sería el crimen? De introducir la figura del `ecocidio´ entre los crímenes que juzga la Corte Penal Internacional hablan ciertos movimientos.
Efectivamente, los crímenes internacionales que existen en este momento –el de lesa humanidad, el genocidio, la tortura- son tipificaciones insuficientes para un ejercicio económico tan agresivo. Somos cada vez los que planteamos si especular con los alimentos o el trabajo esclavo o la destrucción de entornos naturales que pueden llevar al aumento de las temperaturas y a la muerte de miles de personas deben entrar en un nuevo registro de crimen internacional”, explica Hernández.
fuente:DW