La reforma al sistema de pensiones, presentada por el Gobierno hace un par de semanas, contiene vicios de inconstitucionalidad y constituiría una especie de “confiscación” de los ahorros de los trabajadores, según el análisis efectuado por el departamento de Estudios Legales (DEL) de la Fundación Salvadoreña para el Desarrollo Económico y Social (Fusades), quienes hicieron un llamado a los diputados de la Asamblea Legislativa para no avalar este proyecto por haber sido formulado “con secretismo y poco análisis técnico”.
El documento emitido por Fusades señala que la reforma presentada suprime, total o parcialmente, el derecho a la propiedad sobre los ahorros acumulados en las cuentas individuales que los trabajadores poseen dentro de una Administradora de Fondos de Pensiones (AFP).
“Las normas que decretarían el traspaso obligatorio de los fondos de las cuentas de ahorro individual, incurren en una violación a los artículos 2 inciso primero y 103 inciso primero de la Constitución de El Salvador que reconocen el derecho a la propiedad”, explica el documento.
Adicionalmente, el tanque de pensamiento señala que existiría una violación constitucional al ejecutarse este traslado obligatorio de forma injustificada, convirtiéndolo en una “confiscación”, práctica que está prohibida por el artículo 106 de la Constitución.
“La Sala de lo Constitucional ha establecido que la confiscación no se refiere solo al despojo de la totalidad de los bienes, sino también a la privación de ciertos bienes determinados, como ocurriría con la cuenta de ahorro individual para pensiones, propiedad de los trabajadores”, añade el informe.
Sostenibilidad
En su análisis, la Fundación también cuestiona el tema de la sostenibilidad del sistema mixto que el Gobierno prevé crear mediante la reforma (ver recuadro), pues recordaron que en declaraciones públicas, el ministro de Hacienda, Carlos Cáceres ha reconocido que la reforma nacería con déficit. Para ello, agregaron, sería importante conocer los resultados de un estudio actuarial que se realizó con apoyo del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y que aún no ha sido compartido públicamente.
“Si un estudio económico determina que la reforma es insostenible financieramente, sería suficiente para concluir que la limitación a la propiedad sobre la cuenta de ahorro para pensiones no es idónea para hacer más eficaz el derecho a una pensión”, añade el análisis del DEL.
Con esas condiciones, Fusades estimó que también se vulnera el artículo 2 inciso segundo y el artículo 50 de la Constitución, referente a una falta de protección al derecho a la seguridad social en su dimensión de pensión.
La reforma de pensiones y sus deficiencias, según Fusades se propone crear un sistema mixto de pensiones
Se plantea la coexistencia de un sistema de reparto y un sistema de capitalización. Al primero aportarán todos: Quienes ganen hasta dos salarios mínimos del sector comercio ($504 aproximadamente) solo cotizarán a reparto y sus aportes servirán para pagar las pensiones de quienes ya están jubilados con la promesa de que ellos recibirán al jubilarse, una pensión mínima (por hoy es de $207). Quienes ganen más de dos salarios mínimos aportarán también al fondo de capitalización, similar al actual que manejan las AFP.
Fusades señala que se viola derecho a la propiedad Según Fusades, ya existe un derecho de propiedad adquirido de los trabajadores sobre sus ahorros en las cuentas de AFP y aún con la vigencia de una nueva ley, estos derechos no pueden ser vulnerados. Dado que el proyecto de reforma plantea que la afiliación al sistema de reparto será obligatoria, la Fundación considera que se violan el artículo 2 inciso primero y el artículo 103 inciso primero de la Constitución. Además, estiman que se trata de una “confiscación”, algo prohibido en el artículo 106 de la Constitución.
Hay inseguridad en el pago de las pensiones. Según Fusades, el proyecto vuelve vulnerables los derechos de los trabajadores a la seguridad social en el ámbito de recibir una pensión en su vejez. Para dimensionar ese riesgo, la institución señala que deberían conocerse los resultados de los estudios actuariales que sustentan la propuesta hecha por el Gobierno, ya que en declaraciones públicas, el ministro de Hacienda, Carlos Cáceres y otras entidades como la Fundación Nacional para el Desarrollo (Funde) han señalado que el nuevo sistema nacería con déficit.
2 % Déficit
Según el Gobierno, un 2 % del déficit fiscal del país es aportado por las obligaciones previsionales.
$24 Mil millones
Actualmente, se estima que el déficit actuarial generado por las obligaciones pensionales asciende a $24,000 millones.
fuente:dem